El 31 de diciembre de 1931, en un pequeño pueblo extremeño, estallaba la tragedia. Castilblanco, con su población mayoritariamente campesina y analfabeta, alzó la voz en protesta. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en una sangrienta revuelta que evidenció la profunda fractura entre las aspiraciones republicanas y la dura realidad de las zonas rurales.
El detonante fue una manifestación organizada por los vecinos, convocada desde la Casa del Pueblo para protestar contra el caciquismo persistente, la falta de empleo, la miseria y la inacción del gobernador civil. Para muchos, también era un reclamo contra la indiferencia del nuevo régimen, que no parecía ver ni escuchar a los que habitaban las tierras secas del sur.
El alcalde, descrito por algunos como un remanente autoritario del viejo régimen, ordenó a la Guardia Civil que disolviera la protesta. Aquella decisión, lejos de contener la tensión, desató el caos: los enfrentamientos dejaron varios muertos, incluyendo a cuatro guardias civiles. Lo que debió ser una jornada de expresión ciudadana terminó siendo un episodio de violencia que sacudió la conciencia nacional.
Las represalias fueron igualmente brutales. Los sospechosos, detenidos sin juicio inmediato, permanecieron expuestos durante horas al frío intenso, atados, sin resguardo y sometidos a tratos inhumanos.
La tragedia de Castilblanco no fue un caso aislado. La República, aún joven, se enfrentó así a una de sus primeras pruebas de fuego.
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