sábado, 2 de agosto de 2025

La batalla por la revisión de contratos de alquiler (España, 1932):

Durante los primeros años de la Segunda República, se vivió en España una intensa disputa entre inquilinos y propietarios por el tema de los alquileres, agravada por la escasez y precariedad de la vivienda. Los alquileres representaban una carga excesiva para muchos ciudadanos, mientras que los caseros se quejaban de impuestos y falta de rentabilidad.

En Barcelona,  45.000 a 100.000 familias obreras dejaron de pagar alquileres entre julio y diciembre de 1931, en una huelga organizada fundamentalmente por la CNT y el Comité de Defensa Económica. Reclamaban rebajas del 40%, mejoras habitacionales y frenos a desahucios arbitrarios. La respuesta gubernamental fue represiva: despliegue de Guardia de Asalto, detenciones masivas, carga contra manifestaciones, ley marcial e incluso decenas de muertos (al menos 18).

Ante este conflicto, el ministro de Justicia Álvaro de Albornoz intervino con un decreto en marzo de 1932 que favorecía a los inquilinos. Este decreto permitía revisar los contratos de alquiler sin límite de antigüedad, ampliaba los beneficios a rentas de hasta 6.000 pesetas anuales, y eliminaba el derecho de los propietarios a subir automáticamente los alquileres cada cinco años (los llamados “quinquenios”).

La Asociación de Inquilinos de Madrid, fundada en 1919, jugó un papel crucial en esta lucha, organizando mítines, asesorando legalmente a sus más de 13.000 miembros, y promoviendo demandas judiciales para hacer valer sus derechos. Se exigía una legislación clara y permanente que resolviera de forma definitiva las tensas relaciones entre arrendadores y arrendatarios.

El decreto fue visto como una gran victoria por parte de los inquilinos, quienes aspiraban ahora a que se convirtiera en una ley estable que pusiera fin a la incertidumbre y al conflicto permanente con los propietarios. También se señalaba la necesidad urgente de resolver el problema estructural de la vivienda en Madrid, con miles de habitaciones aún inhabitables.

En 1932 se firmaron acuerdos para reducción de rentas y resolución de conflictos, aunque los movimientos persistieron de forma intermitente.

Biblioteca Nacional de España, 1932.


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