Durante la Segunda República Española, se impulsó la laicidad del Estado y la libertad de conciencia, lo que generó un fuerte conflicto con la Iglesia. Rodolfo Llopis, Director General de Primera Enseñanza, defendió que la religión debía quedar fuera del ámbito escolar y reservarse al espacio privado o religioso. Rechazó el proselitismo en las aulas y apostó por una educación basada en una moral universal no religiosa, centrada en valores cívicos y éticos. Su objetivo era una escuela totalmente laica, sin imposiciones ideológicas ni religiosas.
El creyente español se sintió amenazado por lo que percibía como una campaña de descristianización. Desde el Ministerio de Justicia se decretó la libertad de cultos, y desde el de Instrucción Pública, se trasladó esa libertad a la enseñanza, convirtiendo la religión en una asignatura voluntaria, no obligatoria.
Fundada en 1534, la Compañía de Jesús había crecido rápidamente, extendiéndose por toda Europa y América. Era conocida por sus colegios y su exigente formación intelectual. Sin embargo, su influencia desató críticas: se les acusaba de injerencia política, de despreciar a los obispos locales, de acumular poder económico y de responder solo al Papa.
En 1931, el Gobierno de la Segunda República de España aprobó el artículo 24 de la nueva Constitución, disolviendo la orden y nacionalizando sus bienes.
En este contexto, se aprobó una medida que declaraba ilegales las órdenes religiosas que impusieran obediencia a autoridades distintas del Estado. Aunque no se las nombraba directamente, la disposición afectaba principalmente a los jesuitas, que exigían un cuarto voto de obediencia al Papa.
Esta decisión no era nueva en la historia española. Los jesuitas ya habían sido expulsados por Carlos III en 1767, y en 1835, durante el auge del liberalismo.
La disolución de la Compañía causó una intensa polémica en la España republicana. Se produjeron protestas en iglesias y centros católicos de todo el país. El propio Papa Pío XI, en enero de 1932, calificó a los jesuitas como «mártires del Papa», dando a la medida un fuerte tono de confrontación entre el Vaticano y el nuevo Estado español.
Incluso dentro del Gobierno republicano, la decisión no fue unánime. Figuras como Niceto Alcalá Zamora y Gabriel Maura se opusieron firmemente a su aplicación, al considerar que rompía el equilibrio religioso que el nuevo régimen buscaba establecer.
La expulsión de los jesuitas en 1931 fue el reflejo de una larga tensión entre la autoridad eclesiástica y el Gobierno de la Segunda República. La medida desató protestas, dividió al propio Gobierno republicano y provocó una respuesta internacional del Vaticano.
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