A finales de 1931 y comienzos de 1932, la recién nacida Segunda República española enfrentó uno de sus momentos más críticos. En un país aún marcado por profundas desigualdades sociales, la tensión entre el movimiento obrero y las autoridades estatales, especialmente la Guardia Civil, desembocó en dos tragedias que conmovieron a la nación: los sucesos de Castilblanco y Arnedo.
El 31 de diciembre de 1931, el pequeño pueblo de Castilblanco, en la provincia de Badajoz, se convirtió en el escenario de un estallido de violencia sin precedentes. Lo que comenzó como una manifestación pacífica de campesinos organizados por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, reclamando mejores condiciones laborales y denunciando los abusos de las autoridades locales, terminó en una tragedia.
Tras una serie de tensiones y provocaciones, varios manifestantes atacaron a una patrulla de la Guardia Civil. Cuatro agentes fueron asesinados de forma brutal. El hecho, absolutamente condenable, no tardó en ser utilizado por sectores conservadores para atacar al Gobierno republicano, al que acusaban de permitir la disolución del orden y de no apoyar con firmeza a las fuerzas del Estado.
Apenas un mes después, el 5 de enero de 1932, Arnedo, en La Rioja, fue testigo de otro episodio de horror. Tras una huelga laboral y una serie de tensiones entre los trabajadores y un empresario local, una concentración pacífica terminó en tragedia. La Guardia Civil abrió fuego contra la multitud, matando a once personas, entre ellas mujeres y niños, y dejando decenas de heridos.
La indignación fue general. En las Cortes, el diputado socialista Sabrás relató con emoción y crudeza los orígenes del conflicto y cómo las dilaciones administrativas y el abuso de poder habían conducido a una matanza que podría haberse evitado.
El Gobierno, liderado por Manuel Azaña, tuvo que enfrentar un duro debate parlamentario. Mientras algunos sectores exigían mano dura y acusaban al Ejecutivo de debilidad, Azaña defendió con firmeza la legitimidad de la República y la necesidad de actuar con racionalidad, no con impulsos vengativos.
El presidente del Consejo dejó claro que la Guardia Civil no estaba por encima del Estado, sino al servicio del orden democrático. Planteó, además, la necesidad de revisar el papel de la Benemérita, creada para luchar contra el bandolerismo, pero utilizada en muchos casos como instrumento de represión social.
“Si la República no se bastase para resistir las pasiones y conjuras que contra ella se tramen, yo mismo la abandonaría”, declaró Azaña con firmeza.
Los sucesos de Castilblanco y Arnedo pusieron en evidencia las fisuras del nuevo régimen republicano, enfrentado a una sociedad polarizada, donde la violencia encontraba terreno fértil.
Arnedo. Biblioteca Nacional de España, 1931.
