La mañana del lunes 11 de mayo de 1931 despertó a Madrid con el humo denso y oscuro de una jornada de las más amargas del joven régimen republicano. Apenas habían pasado cuatro semanas desde que se había proclamado la Segunda República, el 14 de abril. La esperanza, la euforia cívica y la ilusión por una nueva era se respiraban todavía en las calles. Pero aquel lunes, la esperanza tropezó con el caos.
El fuego se convirtió en protagonista. En distintos puntos de la capital, conventos, iglesias y residencias religiosas fueron pasto de las llamas. La primera chispa —literal y simbólica— se encendió en la esquina de la Avenida de Eduardo Dato y la calle de Isabel la Católica, donde la residencia y templo de los jesuitas ardieron sin que nadie —ni ciudadanos ni autoridades— hiciera nada por impedirlo. Las fotografías de la jornada, sobrecogedoras, muestran a la multitud contemplando las llamas con una mezcla de indiferencia, curiosidad o impotencia. En cuestión de horas, otros conventos y templos fueron atacados en distintos puntos de Madrid, en una oleada que revelaba no solo la intensidad del anticlericalismo latente, sino también la fragilidad del orden público.
Este estallido de violencia no surgió de la nada. Fue el resultado de un ambiente político caldeado, donde la caída de la monarquía y la euforia republicana convivían con viejas tensiones sociales no resueltas. En aquellos días, la actitud del Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora fue, según algunos cronistas, tan benevolente como ingenua. Su actitud enérgica frente a la herencia del antiguo régimen no siempre se tradujo en una política decidida ante los focos de desestabilización, subestimando los riesgos de permitir que se agitara la calle sin control. Se confiaba, quizá ingenuamente, en que el nuevo clima político bastaría para contener los excesos.
En su afán por mostrarse abierto y tolerante, el Gobierno permitió, sin mayores restricciones, la reaparición de discursos extremistas desde distintos frentes. De un lado, los sectores monárquicos, replegados, pero no vencidos, trataban de reorganizarse apelando a nostalgias y resentimientos. Del otro, las alas más radicales del republicanismo y el socialismo veían en el cambio de régimen la oportunidad de acelerar transformaciones más profundas, incluso a costa de ignorar los cauces institucionales.
Fue esa confluencia explosiva la que desembocó en los sucesos del 11 de mayo. Parte de la prensa de la época denunció, con tono entre la alarma y la indignación, la pasividad de las autoridades y la lentitud de su reacción. Mientras los incendios se propagaban, en algunas zonas de Madrid los objetos sagrados eran sacados de los conventos por vecinos alarmados, y religiosos atemorizados eran escoltados por civiles para protegerlos de las turbas. El caso de Sor Natividad, una anciana monja de 70 años abandonada en un convento en llamas y rescatada in extremis por el vecindario, se convirtió en símbolo de la tragedia humanitaria de aquella jornada.
A raíz de estos hechos, se multiplicaron las voces que exigían al Gobierno una acción firme. El artículo de Pedro Massa, publicado en la revista Crónica, expresaba con vehemencia esa preocupación: si la República quería consolidarse, debía priorizar el orden sobre cualquier otra consideración. Para Massa:
Si para mantener el prestigio y la autoridad del poder el Gobierno necesitara recurrir a las medidas más rigurosas, que lo haga sin demora y con firmeza, con la plena convicción de que así sirve al pueblo e interpreta fielmente sus designios.
Que sirvan de lección los tristes sucesos que motivan estas líneas, hechos que en modo alguno se habrían producido de no haber incurrido el Gobierno en el pecado de la benevolencia frente a quienes, desde el primer instante, no se recataron en escarnecer el nuevo orden republicano.
Los sucesos del 11 de mayo fueron mucho más que un estallido de violencia: fueron una advertencia. Y en las advertencias, la historia suele hablar con voz severa.
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